INICIATIVA TARDÍA

Cuando estados y municipios a lo largo y ancho del país están ya endeudados hasta el cuello, ahorcados financieramente, llega el diputado federal panista José Guillermo Anaya Llamas con su iniciativa de ley para modificar los artículos 73 y 117 de la Constitución que incluye nuevas reglas en materia de endeudamiento para que la contratación de empréstitos en adelante - lo pasado pisado porque nada es retroactivo en esta vida - se haga con mucha precaución y cautela, no como ha sucedido en los dos últimos sexenios por la permisividad existente para que gobernadores y alcaldes locos de contento agarren dinero a puños sin resquemor alguno por heredar a quienes los sucedan en los cargos pasivos impagables en sus montos y leoninos servicios.

El escandaloso endeudamiento de entidades como Coahuila, Michoacán, Coahuila, Chiapas, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, mucho contribuyó a que, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados y municipios del país hayan registrado a junio de 2012 obligaciones financieras por el orden de los 404 mil 409.5 millones de pesos, y un incremento del saldo de la deuda pública de las entidades y los municipios respecto de diciembre de 2008 del 199.1 por ciento.

Menos mal que, según Anaya Llamas, el tema de la deuda pública estatal y municipal “ha sido motivo de atención sobre todo en los últimos años por su notable incremento y comenzamos a escuchar voces de alerta para establecer medidas preventivas que eviten una crisis económica subnacional”, llamado que, como otros más, ha caído en el desierto, pues todos los gobiernos locales, independientemente de las siglas y colores partidistas que ostenten, continuarán yéndose por la vía fácil de endeudarse para obtener recursos frescos que luego resultan ardientes porque la contratación de empréstitos suele no observar a cabalidad el principio de equilibrio presupuestal indispensable para mantener la deseable salud financiera.

En Colima, la crisis de las finanzas públicas tiene su origen en el irresponsable gobierno silverista que con el rollo de “bursatilización” de la deuda comprometió ingresos fiscales futuros en perjuicio de la maniobrabilidad financiera del actual encabezado por Mario Anguiano Moreno, quien como no toca mal las rancheras también recurrió a la misma vía, cayendo desde hace rato ya en incumplimiento de obligaciones con proveedores, trabajadores y aportaciones a programas federales.

Los sucesivos recortes de empleados estatales de confianza y de contrato realizados en los casi tres años de la administración anguianista, y la sistemática reducción de sueldos y prestaciones como el aguinaldo, dizque para “racionalizar” el gasto público corriente, justo después de las elecciones del primer domingo de julio anterior, son claro indicador del ineficiente manejo financiero de un gobierno no da pie con bola. El pueblo que siempre termina por enterarse hasta de lo que no, ve que después de tanto brinco por una puerta salen los despedidos y por otra regresan luego algunos de ellos y muchos otros más de nuevo ingreso a la nómina, sin que se den a conocer los criterios que orientan tal práctica a todas luces irracional en términos de administración de personal.

Aunque todavía está por verse si es aprobada o no, la Ley Anaya Llamas llegará cuando el daño a las finanzas estatales y municipales está hecho ya y nadie le quitará al pueblo los palos que sus irresponsables gobernantes le han dado.

EL ACABO

• Según el diputado local plurinominal priista, Rigoberto Salazar Velasco, el recorte de personal adscrito al gobierno del estado es una medida oportuna aunque dolorosa, cualidad ésta que a él no le afectó porque logró salvar de la quema a uno de los suyos al que ya le habían dando cran.

• Hoy viernes, el recio líder estibador porteño, Cecilio Lepe Bautista, será elegido Secretario General de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico, CROM, para un periodo estatutario más.

• Los cbetis y cetis, en Colima, apestan.